Javier Milei se apresta a anunciar un mega decreto de necesidad y urgencia con cerca de 600 artículos, que incluyen derogación de leyes y reformas de desregulación económica.
En medio de las repercusiones sobre el anuncio por cadena nacional del «mega DNU» de desregulación del presidente Javier Milei, que será la piedra angular de todo su proyecto económico, cabe preguntarse cómo funciona este instrumento normativo que es competencia exclusiva del Poder Ejecutivo.
Esto significa, naturalmente, que el decreto de necesidad y urgencia se ejerce independientemente del Poder Legislativo, aunque de manera parcial, ya que el Congreso Nacional tiene atribuciones de órgano de control y en una instancia posterior se reserva la facultad de avalarlo o revocarlo.
Una vez que es publicado en el Boletín Oficial, el DNU entra en vigencia. Hasta que no es tratado en la comisión bicameral de Trámite Legislativo y luego en el recinto de ambas cámaras legislativas, el DNU tiene fuerza de ley.
De acuerdo a la Ley 26.122, para quedar avalados, los DNU necesitan de la mayoría simple de una sola cámara; mientras que para ser declarado inválido, se precisa que sea rechazado en ambas.
La segunda característica saliente de los DNU es su carácter de excepcionalidad; es decir que solamente son aplicables en circunstancias extraordinarias o de emergencia, que no pueden esperar a los tiempos legislativos y requieren una respuesta inmediata del Poder Ejecutivo.
De acuerdo al inciso 3 del artículo 99 de la Constitución Nacional, “solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos” el Poder Ejecutivo “podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia”.
En el párrafo referido se deja explícitamente estipulado que toda innovación o modificación normativa “en materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos” no puede resolverse mediante DNU.
Es por eso que por ejemplo las modificaciones en el impuesto a las Ganancias, o las leyes de blanqueo impositivo, o las reformas en el sistema de votación que prevé implementar Milei serán enviadas al Congreso en forma de proyectos de ley.
Lo mismo si se quisiera avanzar con un Régimen Penal de Minoridad para bajar la edad de imputabilidad como propone un sector de la nueva alianza gobernante.
Fuente: NA
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