Le reiteró un pedido para evitar que los narcos sigan manejando el negocio, sumado a delitos conexos. En Rosario, el 80% de las balaceras son ordenadas desde las cárceles donde están los presos.
El procurador interino Eduardo Casal pidió al Poder Ejecutivo a adoptar urgentes medidas por el uso de celulares de los capo narco dentro de las cárceles. Se trata de una de las sospechas sobre los altos índices de homicidios en la ciudad de Rosario así como las balaceras.
En reiteradas ocasiones los homicidios son ordenados desde la cárcel, incluso de máxima seguridad, donde están detenidos los narcos. Hace pocos días, se allanó la cárcel de Rawson, la de Marcos Paz y Ezeiza ante la sospecha que los detenidos con el uso de celulares siguen manejando la actividad del narcotráfico así como los delitos conexos, entre ellos las balaceras.
Ariel Máximo “Guille” Cantero, líder de la organización narco “Los Monos”, hace unos años en la cárcel santafecina de Piñeiro se le encontró un teléfono fijo. Ahora está detenido en Marcos Paz y hay sospechas que recibe beneficios en connivencia con agentes del Servicio Penitenciario Federal.
La recomendación fue tras un encuentro con un grupo de fiscales abocados a la narcocriminalidad y es la instalación de inhibidores en las cárceles, requisas más rigurosas sobre todo aquellos presos de alto perfil criminal y más controles.
Ante el Procurador, la fiscalía anti drogas presentó un informe en le que hizo saber que “las comunicaciones y la utilización de equipos o terminales móviles en establecimientos penitenciarios por parte de reclusos de alto perfil -por dirigir o pertenecer a organizaciones narcocriminales relevantes- continúa siendo de uso cotidiano”.
Las sugerencias, que son una réplica de aquellas que se hicieron al Poder Ejecutivo el año pasado, fueron transmitidas al Ministerio de Justicia que conduce Martín Soria pues es quien tiene bajo su órbita al Servicio Penitenciario Federal que conduce María Laura Garrigos de Rébori.
Una constante que surgió durante el encuentro del Procurador con los fiscales fue la sospecha de connivencia de agentes penitenciarios con los detenidos, en lo que hace al ingreso de teléfonos celulares a las celdas para poder ser utilizados por los narcos.
“Del mismo modo, el procurador general decidió entablar una coordinación interinstitucional con la Corte Suprema de Justicia de la Nación para promover un abordaje estructural e integral a la problemática tratada”, informó el sitio Fiscales.gob.ar, el cual depende de la Procuración General de la Nación.
Fuente: NA